Sobre Los Temas
El 26 de octubre de 2001, el presidente Bush firmó una ley:
la Ley USA PATRIOT de EE.UU. (“Uniendo y Fortaleciendo a América
y Proveyéndole las Herramientas Necesarias para Parar y Prevenir
el Terrorismo”). Muchas de las personas en el congreso ni leyeron
las leyes que aprobaron. La ley creó un nuevo término,
el “terrorismo doméstico,” cuya definición
es tan amplia que cualquier acto de desobediencia civil se puede ser
interpretado como terrorismo doméstico.
La Ley PATRIOT, y las ordenes ejecutivas que surgieron después
del 11 de septiembre amenazan nuestros derechos civiles. La Ley PATRIOT
les da al FBI y al CIA el derecho de escuchar y grabar nuestras conversaciones
telefónicas, leer nuestro correo electrónico, mirar
archivos médicos, financieros, y estudiantiles. Además,
se les da el derecho de entrar en un hogar sin permiso y sin aviso
anterior. Estas nuevas leyes permiten que si alguien no está
de acuerdo con lo que el gobierno hace, sus derechos de cuestionar
las acciones del gobierno no valen. El Abogado General John Ashcroft
defiende esta vigilancia, pero en su posición previa como senador
de la administración Clinton, había admitido que la
vigilancia viola la cuarta enmienda de intimidad.
Bajo esta ley y otras legislaciones, los que no son ciudadanos pueden
ser deportados o detenidos indefinitivamente sin tener el derecho
de proceso judicial.
Los peligros de la Ley PATRIOT son aumentados por el departamento
de regulación de carceles, porque permite que los agentes federales
escuchen conversaciones entre abogados y sus clientes, haciendo caso
omiso a la ley de privilegia de abogado-cliente y haciendo daño
a las relaciones entre ellos. Además, si los agentes escuchan
algo que se puede usar para incriminar al detenido, éste puede
servir como testigo contra sí mismo--otra cosa que viola los
Derechos Civiles de la Constitución.
El departamento de justicia no ha hecho caso a las regulaciones contra
las operaciones de COINTELPRO, que abusaban nuestros derechos civiles
y movimientos de paz en los años 50, 60, y 70.
La administración ha ordenado tribunales militares secretos
para los sospechosos de terrorismo. Además de ser injusto e
inecesario, el hecho de que los EE.UU. usan tribunales militares aumenta
la probabilidad de que los ciudadanos americanos no estarán
tratados bien fuera del país (¿por qué deben
tratarnos mejor que les tratamos?), y disminuye la probabilidad de
que los sospechosos de terrorismo que están detenidos en los
EE.UU estarán extraditados.
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