Respuestas a la defensa por la Administración de Bush de la vigilancia de líneas telefónicas dirigida por la Agencia Nacional de Seguridad
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Escoja un mito promulgado por la administración de Bush para datos relevantes y argumentos:
Mito #1: Es legal
Realidad:
Título 18, Parte I, Capítulo 119, Sección 2511: “El Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (Ley de Vigilancia de Inteligencia del Entranjero, o FISA) será la manera exclusiva en que vigilancia electrónica, como definida en sección 101 de la Ley, y la intercepción de comunicaciones orales, electrónicas, y por cable doméstico pueden ser realizados.”
Sub-capítulo I, Sección 1809: “Una persona es culpable de un delito si deliberadamente (1) realiza vigilancia electrónica bajo apariencias de legalidad excepto como autorizada por la ley; o (2) revela o usa información obtenida por vigilancia electrónica bajo apariencias de legalidad, sabiendo o teniendo razón para saber que la información fue obtenida a través de vigilancia electrónica no autorizada por la ley….por un delito como el descrito en esta sección, uno recibiría un castigo de una multa de al máximo $10,000 o encarcelamiento por al máximo 5 años, o ambos.”
Los Detalles:
FISA se aprobó en 1978 como respuesta a la vigilancia sin orden
de grupos antiguerristas y adversarios políticos, dirigida
por la administración de Nixon. Se aprobó para evitar
el abuso de los derechos garantizados a los americanos por la Cuarta
Enmienda durante épocas de guerra tanto como en épocas
de paz. Prohibía que el gobierno espíe a los americanos
por leer su correo (y ahora su correo electrónico también)
o por escuchar sus conversaciones telefónicas sin obtener una
orden de la corte de FISA establecida por el Congreso. También
estableció castigos criminales por fallo de cumplir con las
reglas de FISA. La Corte de Vigilancia de Inteligencia del Extranjero
(FISC) ha aprobado miles de ordenes a través de los años
y ha rechazado muy pocas.
Mito #2: FISA no nos permitiría vigilar las líneas telefónicas de un miembro de Al Qaeda llamando a alguien en los EE.UU.
“Si [alguien con conexiones a Al Qaeda o un miembro está] haciendo una llamada en los EE.UU., me parece que queremos saber por qué.” Presidente Bush a la Universidad de Kansas, 23 enero 2006.
Realidad:
FISA no prohibiría tal investigación. No se aplica a nacionales extranjeros fuera del país, aún si el oficial llama a un no-ciudadano en los EE.UU. FISA sólo se aplica cuando la vigilancia se centra en un ciudadano o residente permanente de los EE.UU., o cuando la información viene de una intervención telefónica ubicada dentro de los EE.UU. Aún cuando la ley de FISA es relevante, el gobierno no tiene que esperar la aprobación de FISA para empezar la intervención. Puede vigilar a la(s) persona(s) durante hasta 72 horas antes de obtener la aprobación de un juez de FISA, basado en una demostración de causa probable de que las personas vigiladas sean agentes de un grupo extranjero, un miembro de una organización terrorista, o un terrorista solo.
Mito #3: NSA está siguiendo la Constitución con respecto para la Cuarta Enmienda.
“Si hay alguna enmienda de la Constitución con que los empleados de la Agencia de Seguridad Nacional están familiarizados, es la Cuarta.” General Michael V. Hayden al Club Nacional de la Prensa el 23 enero, 2006.
Realidad:
En las preguntas y respuestas después de su discurso, Hayden discutía con Jonathan Landay, periodista de Knight Ridder, sobre el estándar constitucional de la Cuarta Enmienda, la cual Hayden mantenía que no mencionaba “causa probable.”
La Cuarta Enmienda dice que, “El derecho de la gente de estar segura en su persona, casa, papeles, y posesiones, contra búsquedas y embargos poco razonables, no se puede violar, y ninguna orden se realizará sin causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y particularmente describiendo el lugar donde se realizará la búsqueda, y las personas u objetos que se detendrán o se confiscarán.”
Los Detalles:
Hayden estaba equivocado cuando insistió que la Cuarta Enmienda
no refiriera a causa probable. Pero para aclararlo, para cumplir con
las reglas de FISA, el agente pidiendo la orden de intervención
de línea telefónica tiene que proveer prueba que tiene
causa probable que indica que el individuo es un agente de un poder
extranjero o un miembro de una organización terrorista, en
vez del estándar tradicional de causa probable de la Cuarta
Enmienda que el individuo ha participado en un crimen o tiene la intención
de cometer un crimen.
Un par de días después de que se reveló que la administración de Bush ignoraba la Corte FISA y dirigía espionaje con la NSA sin la aprobación de la Corte, Juez James Robertson dimitió de su puesto con la Corte FISA porque no quería que el proceso FISA sea comprometido.
En 2002, Senador Mike DeWine (R-Ohio) propuso legislación
que habría bajado el estándar de prueba necesario para
obtener una orden de FISA para vigilancia de no-ciudadanos, de “causa
probable” de que la persona tiene conexiones con el terrorismo
o espionaje al nivel de “sospecha razonable.” La administración
de Bush rechazó el estándar más bajo, diciendo
que no era constitucional, pero más probable (como sabemos
por los comentarios de General Michael Hayden y otros) porque ya había
bajado el estándar para el programa de la NSA extraoficialmente
al nivel de “creencia razonable” en vez de causa probable.
Mito #4: Hemos informado al Congreso.
“¿Si quisiera romper la ley, por qué estaba informando al Congreso?” Dijo el Presidente Bush a la Universidad de Kansas el 23 de enero, 2006.
Realidad:
Este comentario es muy engañoso y erróneo. Como se nota
en un memorándum del 18 de enero, 2006, por un Servicio de
Investigación del Congreso no afiliado, titulado “Statutory
Procedures Under Which Congress is to be Informed of U.S. Intelligence
Activities, Including Covert Actions,” el Presidente Bush es
obligado a informar a la Cámara de Representantes y los Senate
Select Committees sobre Inteligencia. En cambio, a través del
Vice Presidente Cheney, informó sólo algunos de los
líderes de los comités.
El 19 de diciembre de 2005, Senador Rockefeller hizo público una carta suya escrita a mano al Vice Presidente Cheney, con la fecha del 17 de Julio, 2003, en que se quejaba porque no es un abogado, y no fue permitido informar a ninguna otra persona ni consultar a su propio abogado para aclarar si la vigilancia de la NSA era legal o no.
Note las implicaciones para el sistema de democracia y vea estos acontecimientos como son: un ataque contra la gente, sus representantes del Congreso, y la regla de ley.
Mito #5: Hay bastante vigilancia de los programas.
Según Presidente Bush, muchos abogados del gobierno han aprobado estas leyes.
Realidad:
Para proteger contra tiranía, los padres fundadores del país creó un gobierno de tres partes—un departamento Ejecutivo, un departamento Judicial, y un departamento Legislativo—¡no un gobierno de un departamento Ejecutivo y su propia colección de abogados! Abogados trabajando con el departamento ejecutivo suelen defender las políticas y acciones de ese departamento. A diferencia de los miembros del Congreso, no están responsables desde el punto de vista de la gente a asegurar que se defienden sus derechos y libertades.
En 1972, el Tribunal Supremo rechazó argumentos parecidos a los que la administración ahora está ofreciendo para defender vigilancia sin orden legal según los intereses de seguridad nacional, solamente dependiente de la discreción del ejecutivo. En el caso de U.S. v. U.S. District Court (ante FISA), decidió que vigilancia doméstica no se podría ser realizada sin revisión judicial y una orden. Aunque el caso no dijo nada sobre el tema de vigilancia de poderes extranjeros y sus agentes, el Tribunal examinó los límites del poder del Presidente, a través del Abogado General, para autorizar vigilancia electrónica en casos de seguridad interior sin aprobación judicial. El juzgado Lewis Powell, escribiendo para la mayoría, dijo, “Estas libertades de la Cuarta Enmienda no pueden ser garantizadas con éxito si vigilancia de seguridad doméstica puede ser dirigida solamente según la discreción del Ejecutivo.”
Los Detalles:
En 2003 el programa fue suspendido temporalmente cuando el Asistente Abogado General James Comey protestó. Después de estar negado por el Departamente de Justicia, el Abogado de la Casa Blanca Gonzales visitó al Abogado General Ashcroft en el hospital. Según Newsweek, el programa fue re-autorizado rápidamente después de que solamente el departamento ejecutivo añadió algunos cambios.
FISA fue aprobada como ley por el Congreso en el año 1978. Título código EE.UU. 18, Parte I, Capítulo 119, Sección 2511 (f) dice que “FISA será la manera exclusiva en que vigilancia electrónica, como definida en sección 101 de la Ley, y la intercepción de comunicaciones orales, electrónicas, y por cable doméstico pueden ser realizadas.”
Mito #6: El congreso lo autorizó
El congreso ha afirmado y complementado la autoridad roconocida por el presidente bajo el Segundo artículo de la Constitución para dirigir vigilancia sin orden para prevenir más ataques catastróficos en el país.
Fuente: memorandúm del 19 de enero, 2006, por el Departamento de Justicia
Realidad:
Ley Pública 107-40, la Autorización para usar fuerza
militar (AUMF) no trata el tema de vigilancia doméstica. Autoriza
que el presidente use “toda fuerza necesaria y apropiada contra
esas naciones, organizaciones o personas que determina que planearon,
autorizaron, participaron o ayudaron con los actos terroristas que
sucedieron el 11 de septiembre, 2001…”
La AUMF no dice nada sobre vigilancia de comunicaciones en los EE.UU. durante épocas de guerra, mientras que FISA habla específicamente sobre el tema, limitando autorización de vigilancia sin orden a los primeros 15 días después de que se declara la guerra.
Los detalles:
¿Es posible que la administración ha olvidado convenientemente que la aprobación del uso de fuerza “en los EE.UU.” fue borrada de la autorización que la administración Bush pidió que el congreso apruebe? Ex-Senador Tom Daschle era líder de la mayoría en el Senado cuando se aprobó la AUMF, y escribió en un artículo del Washington Post del 25 de diciembre, 2005:
Literalmente minutos antes de que el Senado votara, la administración
intentó añadir las palabras ‘en los EE.UU. y’
después de ‘fuerza apropiada’ en el texto. Este
cambio al último minuto habría dado al presidente amplia
autoridad para demostrar sus poderes no solamente en el extranjero—donde
todo el mundo sabe que quería la autoridad para actuar—pero
aquí en los EE.UU., posiblemente contra ciudadanos. No puedo
ver ninguna justificación para que el Congreso esté
de acuerdo con esta petición extraordinaria de más autoridad.
Yo se la negué.
La investigación del Congreso interpretó la AUMF así:
El hecho de que el Congreso enmendó FISA después del 11 de septiembre, con la intención de maximizar su efectividad contra la amenaza terrorista, apoya la noción de que el propósito es que FISA siga siendo completamente aplicable. Para llegar a otra conclusión parecería requerir una suposición de que el Congreso quería que la AUMF autorice que el Presidente dirija vigilancia electrónica, aún contra ciudadanos que no están en combate, bajo menos restricciones que las que se aplicarían durante una guerra declarada, a pesar de provisiones de FISA aumentadas para tomar en cuenta tales circunstancias.
Fuente: Servicio de Investigación Congresional, 5 enero 2006, pág. 37
Es difícil encontrar alguna ambigüedad en la AUMF o en el lenguaje de exclusividad clara de FISA que justificaría la interpetación preferida, imaginativa, pero increíble de la administración.
Mito #7: El Tribunal Supremo está de acuerdo.
El Tribunal Supremo aprueba vigilancia doméstica, basada en su decisión en Hamdi v. Rumsfeld que la Autorización para usar fuerza militar (AUMF) aprobada por el Congreso después del 11 de septiembre incluye el poder para detener soldados enemigos capturados en combate.
Realidad:
Mirando la autorización de la AUMF, el Tribunal supremo estaba
de acuerdo solamente en que:
Individuos que lucharon contra los Estados Unidos en Afganistan como parte del Taliban, una organización que apoyaba la red terrorista de Al Qaeda, que es responsable por los ataques, son los individuos en que el Congreso decidió centrar sus esfuerzos cuando aprobó la AUMF. Concluimos que la detención de individuos que están en la categoria limitada que estamos considerando, en la duración del conflicto particular en que se capturaron, es un incidente tan fundamental y aceptado durante una Guerra que se considera una operación de la ‘fuerza necesaria y apropiada’ que el Congreso ha autorizado que el presidente utilice.
Los detalles:
Es raro usar el caso de Hamdi, en que la administración perdió,
para justificar que el Presidente eluda la corte FISA y la Cuarta
Enmienda. En el acto de negarle a la Administración Bush el
poder que había asumido para negar juicio al enemigo y ciudadano
de EE.UU. Yasser Esam Hamdi, Juzgada Sandra Day O’Connor del
Tribunal Supremo dijo, “Un estado de guerra no es un cheque
en blanco para el presidente.” Una pluralidad del Tribunal Supremo
se puso de acuerdo de que bajo la AUMF, el Presidente puede considerar
a ciudadanos de EE.UU. capturados en la guerra en Afganistan como
soldados enemigos. Sin embargo, vigilancia no es sinónimo de
detención, operaciones de guerra en el extranjero no son iguales
como vigilancia doméstica en los EE.UU. donde la Cuarta Enmienda
se aplica, y en Hamdi es notable que el Tribunal no estuvo de acuerdo
de que la autorización fue superior a los derechos básicos
de proceso judicial. El Tribunal Supremo no permitía vigilancia
de líneas telefónicas dentro de los Estados Unidos sin
cumplir con los métodos exclusivos de FISA.
De hecho, el Tribunal Supremo nunca ha aprobado la vigilancia de
líneas telefónicas sin orden en los Estados Unidos,
por cualquier razón. En la decisión de Katz v. EE.UU.
(1967), el Tribunal Supremo decidió que la Cuarta Enmienda
se aplicaba a llamadas de teléfono, y que se necesitaban causa
probable y una orden antes de que vigilancia electrónica de
dichas comunicaciones se ocurriera.
Mito #8: Este poder viene de la Constitución
Las acciones de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) están apoyadas por la autoridad constitucional del Presidente como Comandante Principal…para dirigir vigilancia sin orden de fuerzas enemigas para objetivos de inteligencia para detectar e interrumpir ataques armadas contra los Estados Unidos. El Presidente tiene la responsabilidad principal bajo la Constitución de proteger América contra ataques, y la Constitución da al Presidente la autoridad necesaria para cumplir con esa responsabilidad.
Fuente: Memorandúm del Departamento de Justicia, 19 enero 2006.
Realidad:
Como dice una carta dirigida a los miembros del Congreso por un grupo
de eruditos legales, el 2 de febrero 2006, “El papel de Comandante
Principal no le autoriza a superar prohibiciones criminales de vigilancia
electrónica doméstica.” Para mantener, como la
Administración hace, que el presidente tiene constitucionalidad
exclusiva de “los métodos de llamar la atención
del enemigo,” y que cualquier conducta con relevancia a esta
“llamada a la atención del enemigo” es inmune a
la regulación del congreso no está apoyado por ningún
precedente del Tribunal Supremo. No concuerda con la estructura de
la Constitución en general tampoco:
-El Congreso tiene el poder explícito de crear reglas para
el gobierno y regulación de la tierra y fuerzas navales”
(Constitucion de EE.UU., artículo I, sección 8, cláusula
14).
-Y el Congreso tiene el poder explícito de “hacer todas
las leyes necesarias y apropiadas para cumplir con todos los poderes
de esta Constitución en el gobierno de los Estados Unidos,
o en cualquier departamento u oficina suyo” (Constitución
de EE.UU., artículo I, sección 18). El Congreso aprobó
FISA para regular vigilancia doméstica.
-El presidente tiene la obligación constitucional explícita
de “asegurar que las leyes estén llevadas a cabo”
(Constitución de EE.UU., artículo II, sección
3).
Los detalles:
Nadie ha cuestionado el poder del presidente para recoger información
de inteligencia del extranjero, o en la guerra o por investigar espías
extranjeras o terroristas. Sin embargo, vigilancia en los Estados
Unidos, donde la Constitución se aplica completamente, es sujeto
a inspecciones y controles adicionales protegiendo derechos civiles.
Como dicho antes en “los detalles” de Mito #7, el Tribunal
Supremo en Katz v. EE.UU. mantuvo que la Cuarta Enmienda se aplica
a llamadas de teléfono y que causa probable y una orden son
requeridas antes de que se permita vigilancia de dichas comunicaciones.
Cumpliendo con esa decisión, el Congreso aprobó FISA
para denunciar los abusos de vigilancia sin orden por la Administración
de Nixon, y lo estableció como la manera exclusiva en que se
puede realizar vigilancia electrónica, que consiste en obtener
una orden de la Corte FISA.
El Tribunal Supremo ha tratado el tema de acción ejecutiva contra estatuto congresional durante épocas de guerra solo un par de veces, y cada vez ha requerido que el Presidente trabaje bajo los límites legislativos de su autoridad—Youngstown Sheet and Tube, 343 U.S. 597 (1952); Little v. Barreme, 6 U.S. 170 (1948)
Más recientemente el Tribunal Supremo ha rechazado una afirmación parecida de autoridad en época de guerra en Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004). La Administración de Bush mantuvo que sería inconstitucional intepretar un estatuto en una manera que limitaría los poderes del Presidente como Comandante Principal. Según la carta de los eruditos legales del 2 de febrero, 2006, dirigido a los miembros del Congreso, el informe de la Administración “manenía que interpretar el estatuto de habeas corpus para incluir las acciones presentadas de parte de los detenidos de Guantánamo ‘se entrometería directamente en la conducta de la campaña militar del Ejecutivo contra Al Qaeda y sus partidarios’ y causaría ‘problemas serias de la constitucionalidad’.” El Tribunal no aceptó este argumento y mantuvo que el Congreso había dado jurisdicción de habeas corpus a las cortes federales para aceptar la acción de habeas por los detenidos. El Congreso ha aprobado varios estatutos regulando los “métodos y maneras de llamar la atención del enemigo” del Comandante Principal. Ha mantenido las Fuerzas Armadas sujetas al Código uniforme de justicia military, y más recientemente ha creado estatutos que prohíben la tortura bajo cualquier circunstancias, 18 U.S.C. 2340-2340A, y prohibiendo el uso de tratamiento cruel, inhumano, y degradante.
Mito #9: Hay precedente histórico.
La administración refiere a una “larga tradición
de vigilancia del enemigo en épocas de guerra” autorizada
por presidentes, incluyendo George Washington, Woodrow Wilson, y Franklin
Delano Roosevelt.
Realidad:
Aunque los ejemplos ofrecidos por la administración son correctos,
con la excepción de George Washington, no son relevantes porque
ocurrieron antes de la aprobación de FISA en 1978 como “la
manera exclusiva en que se puede realizar vigilancia electrónica…y
la intercepción de líneas domésticas, comunicaciones
orales y electrónicas.” La lista de presidentes convenientemente
excluye el Presidente Nixon, cuya vigilancia de grupos contra la guerra
y adversarios políticos les animó al Tribunal a la aprobación
de FISA.
Además, George Washington no debe estar en la lista, porque cuando autorizó vigilancia de enemigos de Guerra en 1775, durante la Guerra de Revolución, era un general, no era un presidente, y su autorización de la vigilancia ocurrió antes de FISA, la existencia de los Estados Unidos, su Constitución, y por supuesto los Derechos Civiles de la Constitución.
La verdad es que el uso extremo del poder ejecutivo de este Presidente—para torturer, secuestrar, y detener indefinidamente sin cargos, para ignorar leyes explícitas del Congreso—a estas medidas es sin precedente en la historia de los EE.UU., y presenta una desafía a los principios de nuestra nación de revolución contra poder imperial arbitrario.
Mito #10: Tenemos que hacerlo para luchar contra el terrorismo.
En el discurso del Presidente del Estado de la unión el 31
de enero, dijo categóricamente, “No esperaremos…hasta
que nos ataquen otra vez,” insinuando una relación de
causa y efecto entre su administración siguiendo la Constitución
y el ataque de Al Qaeda. Presidente Bush menciona 11-9 para justificar
una usurpación extraordinaria y aparientemente ilegal de poder
ejecutivo--y intenta representar el tema de otra manera, refiriendo
al programa de espionaje doméstico como un “programa
de vigilancia de terroristas” que ha salvado vidas.
Realidad:
Aún si la administración mantiene que el programa se
centra en terroristas, no es una excusa para evitar la ley y el requisito
que obtenga un orden legal. La alegación por la administración
de que el programa es limitado contradice las historias cuidadosamente
investigadas y reportadas sobre el programa, como la afirmación
por el jefe de Seguridad Nacional Chertoff que miles de llamadas han
sido vigiladas, o las quejas de oficiales del FBI porque tienen que
mirar miles de consejos y avisos inutiles, de ese modo desviando los
recursos del FBI. No puede ser prueba definitive si el programa se
mantiene completamente secreto. Simplemente diciendo una intención
no disculpa a un presidente de su deber a la Constitución y
su obediencia a las leyes aprobadas por el Congreso. El único
complot en los EE.UU. que la administración dice que fue evitado
es el complot ridículo de Iyman Faris de destruir el Puente
de Brooklyn usando un soplete—un plan que dijeron antes que
fue descubierto usando la Ley USA PATRIOT.
La historia que tiene esta administración de decepción y su historia de mantener miles de páginas de información sobre organizaciones como la ACLU (Union americana de libertades civiles), Greenpeace, y otras organizaciones no-violentas; su acoso y vigilancia de musulmanes inocentes, mezquitas, manifestantes contra la guerra, y los que disienten contra su política; sus miles de cartas de la NSA a empresas, bibliotecas, hospitals y otras organizaciones insistiendo en que revelen información privada respecto a sus clientes; su colaboración con líneas aéreas, telecomunicaciones, y compañías de informática para revelar información sobre los clientes; su uso del Pentágono para espionaje sobre grupos religiosos pacíficos como los Quakers y los Catholic Workers; todos estos casos demuestran que la administración no se esta centrando sus esfuerzos solamente en “terroristas.”
Mito #11: Si lo hubiéramos hecho antes del 11 de septiembre,
podríamos haber prevenido los ataques.
Vice Presidente Cheney ha dicho que el programa salvó miles
de vidas. General Michael V. Hayden y otros miembros de la administración
Bush han sugerido que el programa podría haber prevenido los
ataques del 11 de septiembre.
Realidad:
Los mismos oficiales que dijeron entonces que nadie podría haber previsto los ataques, ahora dicen que se podría haber prevenido. Las agencies del gobierno no perdieron el complot del 11 de septiembre porque habría tardado un par de horas conseguir una orden para vigilar llamadas telefónicas o leer correo electrónico. Este uso de 11-9 es para generar el tipo de temor que causa que la gente pierda cuenta de la importancia de sus libertades civiles.
Ahora sabemos de los comisarios de 11-9 y otras fuentes que los ataques se previeron en varias maneras (incluyendo en el Presidential Daily Briefing de agosto) y eran evitables. Lo que se necesitaba para prevenirlos fueron acciones competentes iniciadas por la gente, no fueron poderes aumentados que se impedieran libertades civiles.
Mito #12: Es un programa limitado.
Dijo Gonzales, “Es un sistema de aviso temprano con un solo propósito: para detectar y prevenir el próximo ataque contra los Estados Unidos.”
Realidad:
La ley actual provee una oportunidad de dirigir vigilancia de comunicaciones electrónicas 72 horas antes de que el gobierno tenga que obtener una orden secreta de FISA para seguir vigilando las comunicaciones.
Los detalles:
El programa de la NSA es sin límite, porque el departamento ejecutivo casi siempre aprueba vigilancia bajo las reglas de FISA.
Mito #13: El proceso de FISA tarda demasiado tiempo.
Realidad:
Como ha dicho David Cole, “[Attorney General Gonzales] tiene el derecho de pedir que el Congreso cambie la ley. No tiene el derecho, como ha hecho, de mandar que oficiales del departamento ejecutivo violen esa ley.”
Los detalles:
Según Attorney General Gonzales, la regla de vigilancia durante
72 horas de FISA, en que el gobierno tiene que pedir una orden, no
es bastante tiempo. Oficiales de Inteligencia “tendrían
que conseguir la firma de abogados de la NSA que afirman que han cumplido
con todas las provisiones de FISA, y después los abogados del
departamento de Justicia tendrían que estar satisfechos también,
y al final como attorney general tendría que estar satisfecho
que la búsqueda cumple con los requisitos de FISA. Y entonces
tendríamos que estar preparados para investigar con un solicitud
completo de FISA dentro de las 72 horas.”
Mientras que esta explicación de autojustificación exagera los requisitos burocráticos, la verdad es que los jueces de FISA pueden y han actuado rápidamente (reuniendo a veces en la medianoche o temprano por la mañana para aprobar una orden dentro de horas o minutos); más importante, la ley dice claramente que el gobierno tiene hasta tres días (o quince días después de una declaración de guerra) para obtener las ordenes.
Lo que Gonzales parece estar diciendo de verdad es que en varios
casos en que les gustaría participar en espionaje doméstico,
no tienen datos suficientes para satisfacer aún la corte FISA—que
ha rechazado solo un puñado de los 20,000 ordenes que han sido
pedidas. Esta confesión debe preocupar a todo el mundo.